Por Guillermo Guevara, MPP 2020, ex Subdirector de análisis en la CNS
El pasado 17 de Octubre, el gobierno de México, a petición de su similar de Estados Unidos, lanzó un operativo para capturar y extraditar a Ovidio Guzmán López, hijo del Chapo Guzmán y una de las cabezas más visibles del Cártel de Sinaloa, una de las organizaciones criminales más grandes de México. Sobre las líneas de acción específica que tomó el gobierno de México se ha escrito abundantemente, y no es el propósito de esta columna hacer énfasis en ello. Basta decir que es posible distinguir, en el debate público, una postura tanto de fracaso como de éxito alrededor del intento de captura de Guzmán López . La primera hace énfasis en la deficiente planeación táctica por parte de la Guardia Nacional y el Ejército, el alineamiento de la Marina (institución con resultados positivos en este tipo de operaciones en ocasiones anteriores) y la falta de coordinación entre las partes involucradas (el presidente y los titulares de la Secretaría de Seguridad, la SEDENA y la Guardia Nacional). Quienes, por el contrario, enmarcan el fallido operativo como un caso de éxito, hacen eco de la decisión del presidente de retirar a los elementos del operativo de Culiacán con el objetivo de cortar de tajo la violencia. Cuando la disyuntiva es entre atrapar a un capo a expensas de poner en riesgo vidas humanas o ceder y acabar con la violencia, se debe optar siempre por la segunda, aclaran quienes hacen eco de la decisión acertada del presidente.
Estas línea de acción se enmarca dentro del discurso de AMLO, quien en repetidas ocasiones ha declarado que “el fuego no se apaga con el fuego”, hace énfasis en atacar las verdaderas causas del delito (cualesquiera que ellas sean) y hace uso de eslóganes como “abrazos no balazos”. Como estrategia de comunicación, esta narrativa de pacificación puede ser muy exitosa (y dados sus niveles de aprobación, lo está siendo). Como guía para dirigir la política de seguridad de una país que atraviesa la problemática de seguridad de México, sin embargo, se corre el riesgo de poner a las instituciones de seguridad entre expectativas irreales de la opinión pública y su deber. Y por menor que esto parezca, esas instituciones necesitan de un liderazgo que medie las expectativas que se tienen sobre ellos, que les transmita la legitimidad de la que goza y que les aligera (en vez de aumentar) la pesadísima carga que tienen sobre los hombros.
En términos muy simples, desde el inicio de su administración, el Presidente se enfrentó al dilema de si atacar al crimen organizado o no hacerlo. Optó -creo afortunadamente- por hacerlo. Al hacerlo, sin embargo, y más allá de todas las consideraciones técnicas sobre las que se puede estar o no de acuerdo, subyace una condición política sobre como gestionar el conflicto; a saber, la de arrebatar a quienes, afuera del Estado, usan la fuerza para perseguir sus intereses. Y en el intento de recuperar el monopolio de la fuerza que el Estado mexicano está llevando a cabo, va a haber, en términos de la narrativa del presidente, más balazos que abrazos. Es inevitable. Nuestra tarea, como sociedad, es exigirle que haya los menos posibles. La de él, darle el lugar que se merecen, incluso desde el discurso, a quienes todos los días trabajan para que vivamos más seguros.
